Pide al Estado preservar el derecho a la vivienda
Ferreras explicó que su iniciativa busca que los jueces puedan evaluar los casos de ocupaciones consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, siempre que se demuestre una posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida, sin violencia, fraude, falsificación de documentos ni vínculos con organizaciones dedicadas a la invasión de terrenos.
El también abogado afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un avance para fortalecer el Estado de derecho y proteger el derecho de propiedad, al endurecer las sanciones contra quienes invadan terrenos de manera ilegal y contra las estructuras criminales que promueven estas prácticas.
No obstante, consideró que el Congreso debe diferenciar entre las invasiones recientes con fines ilícitos y los casos de familias que, durante décadas, han establecido su vivienda y desarrollado comunidades de buena fe.
En ese sentido, sostuvo que su propuesta se fundamenta en la Constitución, la cual protege tanto el derecho de propiedad como el derecho a una vivienda digna, por lo que entiende que ambos principios deben armonizarse mediante soluciones que garanticen la seguridad jurídica y la justicia social.
Asimismo, indicó que las ocupaciones consolidadas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal deben ser analizadas tomando en cuenta el principio constitucional de irretroactividad de la ley, a fin de evitar que sean equiparadas automáticamente con invasiones recientes promovidas por grupos organizados.
Como parte de la modificación planteada, Ferreras propone incorporar una disposición que permita al juez remitir estos casos a los procedimientos correspondientes del derecho civil, el derecho inmobiliario o a los programas de regularización y titulación, cuando se compruebe que la ocupación cumple con los requisitos establecidos.
El regidor enfatizó que su propuesta no busca legalizar invasiones ni debilitar la protección del derecho de propiedad, sino fortalecer la persecución penal contra las mafias dedicadas a la ocupación ilegal de terrenos, al tiempo que ofrece una solución jurídica para situaciones consolidadas por razones históricas y sociales.
Finalmente, llamó al Congreso Nacional a promover un proceso de diálogo con juristas, legisladores, autoridades y organizaciones de la sociedad civil para perfeccionar estas disposiciones y alcanzar un equilibrio entre la defensa de la propiedad privada, el derecho a una vivienda digna, el debido proceso y la paz social.
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