La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la justicia por las restricciones impuestas a la compra de divisas y la autorización para usar las reservas del Banco Central para pagar la deuda del país.
El fiscal Carlos Stornelli imputó a la mandataria y al resto del grupo a raíz de una denuncia hecha por la diputada opositora Elisa Carrió.
Stornelli investiga si el uso de reservas para pagar deuda externa constituyó un acto perjudicial para el valor del peso argentino.
En marzo, el Senado reformó la ley del Banco Central para que el gobierno contara con más recursos para financiarse. Además, eliminó la obligación de mantener las reservas necesarias para respaldar el dinero en circulación.
El otro caso, el llamado "cepo al dólar" se originó en noviembre de 2011, cuando el gobierno de Fernández estableció fuertes controles al acceso de divisas por parte de los ciudadanos en un afán por "desdolarizar" la economía y evitar la fuga de capitales.
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