Participación Ciudadana califica la Operación Calamar como un caso de corrupción a “gran escala”

Manifiesta que con los esquemas utilizados los hoy enviados a prisión preventiva obligaban al Estado a erogar grandes sumas de dinero con base en maniobras fraudulentas

Santo Domingo, 6 de abril 2023. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana calificó la Operación Calamar como un caso de corrupción a “gran escala”, en el que se emplearon tres esquemas para defraudar al Estado con montos que sobrepasaron los RD$ 19,000 millones, hecho por el cual guardan prisión tres altos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina.

Participación Ciudadana indica que la Operación Calamar es un caso de criminalidad organizada si el Ministerio Público logra comprobar la comisión de los hechos en la que un grupo de personas se confabuló para cometer delitos graves en detrimento del Estado y cuyos actores principales utilizaron importantes instituciones del Estado para aparentar que sus acciones eran lícitas. Entre los organismos implicados figuran el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas.

El movimiento cívico señala que el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con parte de los acusados fortalece la investigación ya que sus delaciones son corroboradas por otros testimonios y fuentes. Gracias a ello los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, guardan 18 meses de prisión preventiva y el caso fuera declarado complejo por la jueza Kenya Romero.

En el informe titulado: “Informaciones Claves Operación Calamar”, Participación Ciudadana aborda los aspectos principales del entramado criminal y destaca que los acusados utilizaron tres esquemas fraudulentos como fueron las expropiaciones, la compra de inmuebles y los juegos de azar, éste último empleados a través de bancas deportivas, colmadones y bancas de loterías a cuyos propietarios les cobraban millonarias sumas de dinero fuera de lo establecido por la ley y si no los pagaban era amenazados con cerrarles sus negocios.

Participación Ciudadana manifiesta que con los esquemas utilizados los hoy enviados a prisión preventiva obligaban al Estado dominicano a erogar grandes sumas de dinero en base a maniobras fraudulentas, que se traducían en grandes beneficios económicos para ellos y otros particulares que formaban parte de la referida organización criminal.

“Maniobraron para que un altísimo porcentaje de los montos pagados por deudas administrativas, mediante las cesiones de crédito fraudulentas, recayeran en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción y falsearon documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales”, señala el documento de la institución. 

Sobre el esquema de las expropiaciones de terrenos, en su documento Participación Ciudadana explica que los acusados lograron que se emitieran avalúos para el pago fraudulento el tiempo récord de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes y sin los requisitos mínimos exigidos por la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa y la Contraloría General de la República.

Por este esquema se proyectaron fondos bajo el concepto de pago de deuda administrativa por RD$ 30,871,620,072.90, razón por la cual “el presente caso también merece el calificativo que Transparencia Internacional ha dado a diversos casos denominándolos “gran corrupción”, o “corrupción a gran escala”, ya que fueron cometidos en los niveles más altos del Gobierno central.

De acuerdo a los distintos testimonios ofrecidos por algunos de los acusados, el expresidente Danilo Medina convocó al Palacio Nacional a varios funcionarios para ordenarles que diligenciaran recursos para la campaña del excandidato a la presidencia, Gonzalo Castillo y los candidatos a legisladores de Santiago, porque a ellos también ‘había que ayudarlos”, lo que según el exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, fue una de las razones principales de que se crearan estos esquemas para buscar el dinero.