El regulador brasileño aprueba las reglas de subasta del espectro 5G, sin veda para Huawei

ANATEL, regulador de las comunicaciones de Brasil, aprobó el jueves las normas para una subasta de espectro para redes 5G, este año sin ningún tipo de impedimento para la compañía Huawei Technologies Co. Como suplidor de equipos.

El presidente brasileño derechista, Jair Bolsonaro, criticó el año pasado a la empresa china y recibió presiones de la anterior administración de Trump para que prohibiera la entrada de Huawei en el mercado tecnológico de quinta generación del país por motivos de seguridad.

Las empresas de telecomunicaciones de Brasil insistieron en un mercado libre, quejándose de que excluir a Huawei costaría miles de millones de dólares para reemplazar los equipos de la empresa china que suministra el 50% de las actuales redes 3G y 4G.

Sin embargo, las normas de la subasta prevista para junio tienen costosas condiciones, como la de exigir a las empresas de telecomunicaciones que migren para el año que viene a una tecnología más avanzada con redes independientes que no se basen en su tecnología actual.
También tendrán que cubrir la vasta región del norte del Amazonas con conectividad de banda ancha, en gran parte mediante cables de fibra óptica tendidos en los ríos, y construir una red segura independiente para el gobierno federal.

Representantes de la industria dijeron que Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, no podía ser excluido del mercado 5G de Brasil porque, además del costo esto retrasaría al país entre tres y cuatro años en cuanto a tecnología.

Dos de las principales empresas de telecomunicaciones de Brasil, Telefónica Brasil SA y Claro, propiedad de la mexicana América Móvil, están presionando para que se produzca una transición de 5 años a las redes autónomas más avanzadas.

"La condición autónoma exige cambiar el núcleo de las redes actuales y nos hará retroceder años", dijo Vivien Suruagy, directora de Feninfra, un consorcio que representa a 137.000 empresas que construyen y mantienen redes de telecomunicaciones.

Las reglas deben ser aprobadas por el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil, el TCU, donde las empresas de telecomunicación esperan que se puedan cambiar las gravosas condiciones del gobierno, dijo Suruagy.

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