Aeropuerto Internacional de Bávaro no teme escrutinio de OACI y FAA

Afirma que está listo para sostener,  a través de sus servicios legales externos, tanto en Washington, sede oficial de la Federal Aviation Administration (FAA), como en Montreal, Canadá, donde funciona la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), la pertinencia jurídica y técnica del aeropuerto y su conformidad con las normativas de dichos organismos.


SANTO DOMINGO, República Dominicana. Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIB S.A.S, proclamó que no tiene objeción alguna a que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) someta a los organismos internacionales correspondientes el informe de evaluación que presentaron los técnicos al Poder Ejecutivo para la aprobación de la infraestructura aeroportuaria.

En un comunicado, en respuesta a argumentos públicos del IDAC, el AIB aseguró que está en condiciones de sostener a través de sus servicios legales externos, tanto en Washington, sede oficial de la Federal Aviation Administration (FAA), como en Montreal, Canadá, donde funciona la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), la pertinencia jurídica y técnica del aeropuerto y su conformidad con las normativas de dichos organismos.

“El director del IDAC en su comunicado público señala que debió consultarse  a la OACI y a la FAA antes de emitir el informe favorable al Aeropuerto Internacional de Bávaro. El señor Caamaño olvida que el IDAC es un órgano técnico con suficiente capacidad y credibilidad ante la comunidad aeronáutica internacional, para haber acometido la evaluación técnica del Aeropuerto Internacional de Bávaro sin tener que consultar a organismos externos”, resaltó. 

La empresa objetó el alegato público del director del IDAC, Román Caamaño, que atribuye al proyecto de inversión privada moverse sobre “decisiones técnicas sospechosamente apresuradas”, demuestra su poco interés por las soluciones rápidas a los problemas de desarrollo del país. Y se preguntó: “¿Cómo hablar de “decisiones apresuradas,  en un proceso de autorización que comenzó el 9 de septiembre del 2019 y culminó el 11 de agosto del 2020?”.

Y añadió: “¿Qué otra explicación -que no sea la maledicencia- puede tener hablar de “decisiones técnicas sospechosamente apresuradas” en un proceso en el que intervinieron la Presidencia de la República; la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo,  los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, de Turismo y de Medio Ambiente; la Comisión Aeroportuaria y el propio IDAC?”.

Mediante un documento que expone todos los pasos legales e institucionales dados para lograr la aprobación, la empresa sostiene que Caamaño actúa movido por “el deseo de favorecer a quienes se oponen a la construcción del Aeropuerto de Bávaro”.

Sostuvo que esa actitud, que va contra el espíritu promotor de inversión del gobierno del presidente Luis Abinader, al parecer hizo que el director del IDAC olvidará el principio de la continuidad jurídica del Estado y las garantías que la Constitución y las leyes ofrecen a los ciudadanos en sus relaciones con la administración.

“Lo peor de todo esto,  es que la voluntad de un funcionario esté dando al traste con la política del actual gobierno que procura el desarrollo del país respaldando las inversiones de carácter privado, garantizando la libertad de mercado, fomentando el desarrollo y la creación de empleo”, manifestó.

Advirtió que ninguna empresa gastaría millones de dólares en adquirir seis millones de metros cuadrados de terreno, contratar siete firmas internacionales para realizar los estudios de factibilidad técnica, comercial, medioambiental, de procesos y absoluto cumplimiento de la normativa nacional e internacional sin tener la absoluta certeza del cumplimiento de las normas.

Aeropuerto Internacional de Bávaro recordó que contrario al mandato de la Ley 491-06 sobre motivar y fomentar el desarrollo de la aviación civil en la República Dominicana, el director de IDAC ha salido en defensa de un monopolio ilegal y pernicioso al servicio de intereses particulares.

Afirmó  que eso es “verdaderamente lesivo al interés general y violatorio de los postulados constitucionales de la libre empresa, libre competencia, equidad e igualdad ante la ley, actuando como juez y parte”.

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