Se le complica situación en la PEPCA a funcionarios que dieron no objeción para aeropuerto de Bávaro

Santo Domingo. Con el giro espectacular tomado este jueves tras la suspensión del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, un caso llevado por la Corporación Aeropor­tuaria del Este (CAE) ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por posibles visos de co­rrupción, la atención empieza a moverse ahora sobre el destino que les espera en la justicia a los siete funcionarios que dieron la no objeción para facilitar la ejecución de esa obra.

El evento más demoledor contra las posibles implicaciones de irregularidades de estos siete funcionarios en el caso, contenidas en la denuncia de la CAE, ha sido la decla­ratoria del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) que calificó ese proyecto de “lesivo al interés pú­blico”, basándose en que su apro­bación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordena­miento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad”.

Con el vuelco radical de los acontecimientos en torno al polémico proyecto en Bávaro, la denuncia de la CAE se fortalece en sus alegatos de que hubo irregularidades para aprobar la terminal turística, y se estrellan contra Johann Estrada Pelletier, Francisco Bolívar León Paulino, Julio César Me­jía Alcántara, Félix Alejan­dro Rosa Martínez, Juan Ramón Cabrera Santana, Fredy Antonio Ruiz Lara y Julio César Rodríguez Al­cántara.

Estos funcionarios fueron intimados a través de acto de alguacil el pasado lunes 3 de julio, siendo el abogado especial apoderado de este caso el doctor Miguel E. Va­lerio Jiminián.

El 23 de enero de este año, los siete miembros de la Co­misión Aeroportuaria inti­mados fueron acusados ante la Procuraduría contra la Corrupción Administrativa por haber aprobado irregular­mente la resolución 6796 sobre no objeción del pro­yecto.

Luego de esto, según la denuncia de la Corporación Aeroportuaria del Este, Johann Estrada Pelletier, parte del grupo de los siete en la denuncia depositada en la PEPCA instruyó a Fran­cisco Bolívar León Paulino para que gestionara la apro­bación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación, por lo que está acusado de haberse convertido “en juez y parte del referido proyec­to”.

Bolívar León Paulino cumplió el mandato de Pelletier y re­mitió el proyecto a los miembros de la Comi­sión de la Dirección de Na­vegación del IDAC, que lo aprobaron “en tiempo record de tres días”.

Una “acción arbitraria”

La CAE recurrió a la Procuraduría contra la Corrupción con un voluminoso fardo de evidencias de su denuncia a mano, en las que insistía en que al otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo, construcción, operación y explotación del proyecto en Bávaro estos siete funcionarios “podrían haber comprome­tido su responsabilidad pe­nal “al adoptar una decisión arbitraria, a sabiendas de las irregularidades existen­tes...”

Una muestra de los vicios y negligencias en la autorización del proyecto fue detectada por la actual dirección del IDAC en la resolución número 017/20, en la que afirma se evidencia “la ausencia de varios estudios esenciales para la autoriza­ción de la obra turística”.

Otro hecho que contribuyó a la medida de prohibición de desarrollo del aeropuerto de Bávaro es que el informe favorable a la aprobación de esta obra fue realizado sobre la base de los documentos aporta­dos por el grupo interesado.

Aun poniendo en movimiento una embestida de desmentidos a través de una gama de medios para justificar el proceso y la autorización para el desarrollo del proyecto, sus promotores se encontraron con la resolución de la nueva gestión del IDAC que tras estudiar a fondo toda la documentación existente encontró irregularidades tales como “insuficiencia de estudios que garanticen tanto la se­guridad operativa del ae­ropuerto como su confor­midad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre el proyecto aeroportuario en Bávaro fue la rapidez con que terminó el proce­so aprobatorio y las concesio­nes fiscales aprobadas por el Consejo de Fomento Tu­rístico (CONFOTUR).

También llamó la atención el cúmulo de detalles técnicos formulados por geólogos, grupos medioambientales y conservacionistas que advertían de los efectos negativos que sufriría el país de aprobarse una obra carente de condiciones elementales estipuladas en los manuales de requerimientos para estos casos.

Ejemplo de estos peligros están contendidos en inquietudes públicas expuestas por la Unión de Controladores Aéreos Dominicanos, que había advertido de que el proyecto fue evaluado para su aprobación solo tomando en consideración un informe de los intere­sados, sin haberse hecho un estudio técni­co detallado como lo exigen los estándares de la OACI y la reglamentación nacio­nal.